"¿Ya no dan miedo, verdad?", así fue como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró el pasado fin de semana el traslado de 2,000 presos a la nueva prisión denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). De acuerdo con fuentes oficiales se trata de la mayor cárcel de toda América por su capacidad de confinar a 40,000 internos tras los muros de los que "es imposible escapar".
Las imágenes que se difundieron ampliamente en medios de comunicación de todo el mundo desataron la controversia por posibles violaciones a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. Y es que la guerra contra las pandillas que emprendió el mandatario y originó un estado de excepción permanente ha dejado por un lado miles de detenciones sumamente cuestionadas y por otro una abrupta disminución en los índices delictivos.
"Vean a estos terroristas… ¿Ya no dan miedo, verdad? ¡Exacto! Los criminales no causan ningún temor, una vez que son despojados de la protección del Estado y de los políticos corruptos y organismos internacionales que los financian y los defienden", escribió en su cuenta de Twitter Bukele al compartir los videos de miles de hombres rapados y tatuados uno tras otro en largas filas ingresando al centro penitenciario.
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La prisión es en sí misma un retrato de la política de mano dura del presidente salvadoreño. Está dotada de alta tecnología para la vigilancia. Fue construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, a unos 74 km al sureste de San Salvador, sus rigurosos controles de ingreso son motivo de orgullo de los funcionarios, sin embargo, hay gran opacidad respecto al origen de los recursos que se emplearon para su construcción.
"Ayer inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo… Una gigantesca obra realizada en tan solo 7 meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas", dijo Bukele.
Las instalaciones cuentan con máquinas de rayos X, torres de vigilancia y un perímetro de seguridad contra toda modalidad de escape, además de un equipo antimotines fuertemente armado. Hay áreas de confinamiento total en los que no entra un solo rayo de luz.
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"No podrán ver la luz", dijo orgulloso Osiris Luna Meza, Viceministro de Justicia y Director General de Centros Penales. De acuerdo con información de León Krauze, publicada en The Washington Post, este funcionario está en la lista negra del Gobierno de Estados Unidos por posible corrupción.
"Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población", expresó Bukele. La gran mayoría de los prisioneros presuntamente pertenecen a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y a Barrio 18.
"Célula a célula estamos eliminado este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del CECOT, pagarán por lo que son... cobardes terroristas", escribió en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
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Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Right Watch y Cristosal, han acusado a las autoridades de atropellos en las detenciones y de crear un perfil social claramente discriminatorio. Desde la declaratoria de la guerra contra las pandillas cerca de 60,000 personas han sido encarceladas, cientos de ellas menores de edad.
"Muchos arrestos han sido meramente por la apariencia y el estatus socioeconómico. Aparentemente no tenían relación con pandilleros o actividades criminales", rezan los reportes de las ONG's.
El Salvador ahora no sólo cuenta con la cárcel más grande del mundo, sino también con el más alto índice de prisioneros por cada 100,000 habitantes (605).
Del otro lado está la reducción en los índices de criminalidad. La extorsión, los secuestros y los homicidios bajaron súbitamente desde la implementación de las políticas de seguridad de Bukele. De ser el país más violento en el mundo, logró enlazar más de 300 días sin homicidios, según fuentes oficiales.
"Otro día sin homicidios, gracias a Dios", expresó Bukele. El presidente goza de una aprobación cercana al 90%, lo que lo convierte en uno de los mandatarios más populares, sin embargo, las preocupaciones por el estado de excepción y el respeto a los derechos humanos siguen creciendo.
Con información de El Heraldo
*BC