En “fast track” el Senado de la República aprobó la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, dando paso a la desaparición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Para esto, se determinó la creación de un nuevo organismo que será dirigido por representantes del gobierno federal, a quienes no se les exigirá experiencia en el campo científico.
“Están también inconformes por la reforma al Conacyt, ¿por qué?, porque el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, se utilizaba para financiar a las grandes empresas trasnacionales, supuestamente para la innovación tecnológica.
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Mentira, era para estar subsidiando a estos grupos, sin producir ciencia, usaban el dinero del Conacyt para construir elefantes blancos, ciudades de la ciencia; construcciones lujosísimas, que ahí están sin uso, porque son como cuerpos sin alma”, denunció el Ejecutivo federal.
Aunque en apariencia el cambio sólo implica la adhesión de una letra en el nombre del nuevo organismo, en realidad su forma de gobierno será diferente, pues el mando será la Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina, y de Salud.
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Por la noche del 28 de abril los legisladores de la 4T avalaron sin discusión ni análisis la reforma que reconoce el derecho humano a la ciencia y recarga en el Estado mexicano el deber de fomentar que la formación, investigación, divulgación y desarrollo de proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se realice bajo los principios de igualdad y no discriminación.
De acuerdo con esta transformación se adoptarán medidas que promuevan la calidad técnica de la investigación, la disposición social y el acceso universal al conocimiento humanístico y científico y a sus beneficios sociales en todas las regiones del país, así como la adecuación cultural y la seguridad humana y ambiental de sus aplicaciones tecnológicas.
A partir de estos cambios, solo estos representantes del gobierno federal tendrán voz y votos, mientras que las voces de investigadores científicos y académicos únicamente podrán ser escuchadas si la Junta de Gobierno lo solicita.
*MG