A pesar de los incendios forestales, creciente sequía, desabasto de agua y olas de calor que golpean al país y que han llevado a apagones por la insuficiencia energética, el Gobierno federal ha subejercido casi la mitad del presupuesto que se etiquetó para combatir los efectos del cambio climático.
Se trata de 16 mil 389 millones de pesos que se dejaron en caja y que no fueron utilizados, en el primer trimestre de este año, por las dependencias y empresas paraestatales en 63 programas presupuestarios.
Los objetivos de éstos van desde inversiones para la investigación y la educación, hasta el cuidado de los bosques, la prevención de los incendios, la gestión del agua, la atención a desastres naturales y también el uso eficiente de la energía.
El presupuesto que cada año aprueba la Cámara de Diputados también se divide en anexos transversales, que consiste en partidas presupuestarias cuyo objetivo es el cumplimiento de políticas públicas con la participación de las diversas instancias gubernamentales, que deben cumplir con responsabilidades determinadas.
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Uno de ellos es el 16: Evolución de las erogaciones para la adaptación y mitigación del cambio climático, que para el primer trimestre de este año tenía aprobado gastar 35 mil 189 millones, pero únicamente erogó 18 mil 800 millones de pesos.
Sí podemos tener sanciones, tanto nacionales como en procedimientos de litigios climáticos internos en México, donde la Suprema Corte condena al Gobierno o a empresas a cumplir con políticas de descarbonización de los sistemas
Lo anterior representó un avance en el ejercicio de recursos de apenas 53.4 por ciento de enero a marzo pasados, lo que convirtió a este anexo en el más castigado de los 11 anexos en que se divide el presupuesto federal, según consta en reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Uno de los programas en los que se registró subejercicio fue el de Protección Forestal, por 20 millones 399 mil pesos no erogados, a pesar de que uno de sus objetivos es proteger los ecosistemas de plagas y enfermedades, pero también de incendios “dañinos”, por medio de programas para el manejo de fuego, trazado de mapas de riesgo y considerar que las brigadas cuenten con herramientas, vehículos y demás recursos para realizar sus labores.
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Esto evidencia una falta de reconocimiento de la crisis climática que se enfrenta, pues muestra que su atención no está en el centro de la toma de decisiones por parte del Estado, consideró Nora Cabrera, abogada y directora de la organización ambientalista Nuestro Futuro.
“No es una coincidencia, es algo que podríamos saber si entendiéramos que el contexto ha cambiado, que la emergencia climática implica que tengamos olas de calor más prolongadas, que tengamos la necesidad de energía mucho más fuerte, que la falta de agua también tiene implicaciones; eso nos permitiría realmente transicionar en el contexto de una crisis climática”, recalcó, en entrevista.
Debido a que el artículo 4 constitucional establece que la población tiene derecho a un ambiente limpio y sano, y a que el país ha suscrito tratados internacionales para comprometerse con una agenda climática, su descuido desde lo presupuestal y en acciones podría traerle sanciones, como ya ha ocurrido.
“Sí podemos tener sanciones, tanto nacionales como en procedimientos de litigios climáticos internos en México, donde la Suprema Corte condena al Gobierno o a empresas a cumplir con políticas de descarbonización de los sistemas. Y podemos tener en el contexto internacional. De hecho, ahorita hay todo un movimiento internacional y regional para que los estados establezcan cuáles son sus obligaciones en el contexto de la emergencia climática; no todos estos procesos son vinculantes para México, pero sí establecen la ruta de que, de no cumplir, pues vamos a estar en condiciones de incumplimiento de derechos humanos”, explicó.
Con información razon.com.mx
*MG