El 29 de junio de 2023, la tortillería de nombre ‘La Misión’ en Taxco, Guerrero, fue escenario de un ataque armado que provocó la muerte de un empleado y dejó a cuatro personas heridas. Un día antes, otro establecimiento similar había sido rafagueado por un comando armado.
Ambos episodios, según autoridades locales, se derivaron de la disputa que mantienen distintos grupos criminales a través de la extorsión y cobro de piso a establecimientos.
Datos del Consejo Nacional de la Tortilla compartidos por las y el periodista Mary Beth Sheridan, Lorena Ríos y Fred Ramos en un reciente artículo de The Washington Post señalan que al menos 15% de las tortillerías en México —equivalente a aproximadamente 20 mil negocios— son víctimas frecuentes de extorsión.
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“Estamos prácticamente en un punto en el que son los criminales quienes establecen el precio de las tortillas”, comentó Homero López, titular del Consejo, a The Washington Post. Los establecimientos que se niegan a pagar la cuota exigida por criminales suelen ser baleados o incendiados.
Aunque en otros años tenían como principal objetivo el mercado de drogas de Estados Unidos, los grupos criminales mexicanos ahora han centrado su atención en la búsqueda por “controlar territorio que puedan explotar financieramente”.
“Se han convertido en los líderes de facto”, refirió Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad México Evalúa, en una entrevista con el medio estadounidense.
Al igual que han extendido sus operaciones referentes al trasiego de drogas, el tráfico de migrantes y el robo de hidrocarburos —entre otras actividades ilícitas—, los cárteles han logrado infiltrarse en múltiples sectores, como la producción agrícola o la industria maderera.
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“Se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, puede leerse en el Programa Nacional Forestal 2020-2024 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicado en diciembre de 2020.
La infiltración del narco en la industria de la tortilla
Según la investigación de The Washington Post, el crimen organizado se habría colado en cada una de las etapas del proceso productivo de la tortilla.
Respecto a los cultivos de maíz, las y el periodista explican que en lugares como Sinaloa, estos grupos han establecido mecanismos para controlar la distribución de agua para los campos.
Sobre la fase de distribución, es común que los tráileres que transportan el maíz a las tortillerías sean secuestrados por sicarios. Para evitar este plagio, los operadores a veces deben pagar una fuerte suma de dinero.
En la elaboración de tortillas, se estima que 15% de los establecimientos son obligados a pagar a cambio de protección e incluso hay ocasiones en las que son los cárteles quienes proveen los tanques de gas que requieren para su funcionamiento.
Finalmente, en el proceso de distribución a negocios como taquerías, se han registrado casos de repartidores que también se dedican al narcomenudeo, para lo cual aprovechan la posesión de motocicletas.
Con información de Infobae
*MG