No es fake ni solamente un acto de lucha anticorrupción, ayer la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al ex gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”
La detención se deriva de una denuncia que presentó el actual gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, cuando era senador en julio de 2018, por el desvío de recursos públicos por el caso de las Broncofirmas.
Para más detalles fue detenido por su misma escolta, cuando circulaba por una carretera del sur de Nuevo León. En la detención participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
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Trascendió que la detención también podría estar relacionada con una investigación por un presunto enriquecimiento ilícito. También habrían participado elementos de la FGR en la detención.
Hasta ahí todo parece una lucha franca contra la corrupción, porque se le va a acusar de desvío de recursos, pero en el fondo hay política con miras a 2024, cuando se juegue por la presidencia de la República.
Hay dos neoloneses de Movimiento Ciudadano con posibilidades presidenciales, el mismo gobernador Samuel García y su compadre, el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, ambos con aspiraciones y ventajas serias que hoy se apuntalan con esta decisión judicial sí, pero también política.
El ex gobernador fue trasladado a uno de los penales del estado, todo indica que fue a Apodaca.
Tras la detención, el joven gobernador Samuel García publicó un texto en su cuenta de Instagram presumiendo la captura.
"Cuatro años y 4 meses tardamos, pero al fin LO LOGRAMOS #BroncoFirmas #NLincorruptible".
El 29 de enero de 2018, el diario El Norte informó que más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios de Jaime Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la Presidencia fueron recabadas en horario laboral.
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Con base en un análisis a partir de datos solicitados al INE, se pudo determinar que el 51 por ciento de los apoyos fue recabado por más de 500 servidores públicos de lunes a viernes y de 09:00 a las 18:00 horas.
Tras la publicación, García, quien ahora es gobernador, y Mariela Saldívar, ex diputada local, presentaron una denuncia penal.
El tema también se discutió en instancias electorales e incluso se solicitó separar de sus cargos al ex gobernador y a Manuel González, ex secretario de Gobierno, para ser sometidos a juicio político por el desvío, sin embargo, al final el procedimiento no llegó a nada.
Hoy, la decisión sorprende al país y muestra que no hay intocables cuando hay decisión política. El tema va a trascender porque la actual administración federal no ha podido meter a la cárcel a ningún “pez gordo”, lo que sí pudieron los jóvenes neoloneses de Movimiento Ciudadano y eso suma a sus aspiraciones para 2024. Al tiempo.
El otro riesgo del gas LP
Es de uso cotidiano que conversemos sobre el robo de combustible y de manera específica, del gas LP. Sin embargo, la guerra que emprendió Rusia contra Ucrania está dejando ver una crisis que se avecina en México.
Algunas de las naciones de la Unión Europea se han movido en forma moderada contra Rusia, porque ésta es la principal proveedora de energéticos fósiles para aquella región. Si Rusia deja de enviar combustibles a sus clientes, se generará un cataclismo mundial.
En el caso mexicano, las cosas no están ni remotamente mejor y no podrían serlo de otra forma porque, por lo menos a diciembre de 2021, más del 70 por ciento del gas natural consumido en México, se recibió de Estados Unidos.
Poniéndolo esquemáticamente, Andrés Manuel López Obrador anda ocupado, inventando crisis internas y externas para distraer al público de sus verdaderos problemas.
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Solo hay que imaginar qué pasaría si Estados Unidos decide meter un calambre a Palacio Nacional, con el suministro del gas.
Los expertos dicen que hay tres factores, además de la bancarrota de Pemex, que influyen en la peligrosa dependencia mexicana de los Estados Unidos para tener cierta clase de energéticos.
El primer problema es que, al menos durante el sexenio de López Obrador, no va a haber explotación del llamado “Shale Gas”, que es un tipo no convencional de gas natural y que, para extraerlo, hay que efectuar perforaciones de gran profundidad, dado que esta clase de hidrocarburo requiere de agrietar las rocas en las que está atrapado.
Dicen los que saben que, solo para tener un pozo abierto, hay que inyectarle más de 9 mil metros cúbicos de cierto tipo de sustancias y una vez que se concluye la inyección, hay que reconducirlos a la superficie mediante bombeo. Como se podrá entender, es un proceso caro y de alta especialización que no les interesa a los funcionarios de Pemex
El gran problema es que a Estados Unidos sí le ha interesado y solo hay que calcular que, en esa nación se perforan unos tres mil pozos nuevos al año, particularmente en Texas, Ohio, Virginia, Pensilvania y Nueva York.
En México, se han identificado reservas de “Shale Gas” en Coahuila, Guerrero y Veracruz. Pero, hay varios problemas. Además de la necesidad de un mundo de dinero para invertir en los proyectos de perforación, habría que ofrecer empleo e indemnizar a miles de pobladores, sin omitir el impacto a la biosfera.
Mientras en Palacio Nacional andan en otra sintonía, los estadounidenses ya posicionaron este tipo de gas como para mantenerse abastecidos por un siglo, alejándose de la dependencia económica que suele estrangular a cualquier nación.
Poner topes a los precios no ha funcionado a lo largo de la historia económica, no solo de México sino del mundo entero. Pues, a mediados de 2020, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria generó “un proyecto de metodología para fijar precios máximos en el país”.
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Los precios se moverían, tomando en cuenta a 145 regiones. Apenas dio arranque la primera publicación, el gremio de gaseros se pronunció por un paro indefinido ante el tope de tarifas de la CRE. Fiel a su costumbre, López Obrador “valoró” presentar denuncias contra quienes llamaban a paro.
Como no podría ser de otra manera, un catálogo de personajes conservadores aparecía en la lista de los que estaban detrás de esas reacciones por parte de los empresarios gaseros, pero también de no pocos trabajadores.
Nadie ha podido hacer entender en Palacio, que los malos de la trama no son un puñado de empresas que ostentan la mitad del mercado nacional de distribución, sino un efecto rezagado de la pandemia, producido en el momento más complicado de la misma y el crecimiento de la demanda energética por parte de distintos países asiáticos, que generaron acciones para reactivar sus economías.
Al parecer, el presidente no asume que uno de sus mayores enemigos inventados para hacerse propaganda, tenía paradójicamente, un pedazo de la solución: la reforma energética. Hay que recordar que el gas LP fue el último en “liberalizarse” cuando se consolidó la reforma de Enrique Peña Nieto.
En 2016 hubo una oportunidad para que el sector privado pudiera importar combustible y fue hasta enero de 2017 que se liberó el precio del gas. Las reformas de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en la era López Obrador, funcionaban con Peña Nieto, pues los precios del gas eran determinados por el gobierno federal, que ya dividía al país en 145 regiones para fijar un precio máximo.
Fue con Peña Nieto que se liberó el precio, pudiendo fijar las tarifas por parte de los distribuidores, basados esencialmente en los índices internacionales.
Pero faltaba un ingrediente más, dado que los voraces industriales no podían trabajar para salvaguardar la economía, pues la solución fue inventar una distribuidora de gas, llamada “Gas Bienestar”, filial de Pemex.
Sin un Plan de Negocios disponible al público, “Gas Bienestar” va a terminar por aportar pérdidas a los resultados de Pemex, considerando que sus costos de operación van a ser absorbidos por la paraestatal, aunque eso, claro, no se ha mencionado por lo alto.
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Dicen los que saben que la crisis del gas LP apenas estamos percibiéndola.
Si la Unión Europea está remojando sus barbas ante Rusia, más de uno se pregunta si tiene sentido no repensar las cosas en Palacio Nacional.
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*ARD